El presidente de México resolvió que el desempleo ya no es el último recurso, pues en el peor de los casos, ahora es un decreto. Y para que quede claro así estrenó su novedoso criterio enviando a la calle a más de 40 mil empleados que, a decir suyo, además de que no generaban riqueza al país, gozaban de privilegios que atentaban contra la moral política y empresarial, en especial, la de los políticos y empresarios más cercanos a él.
De manera tal que, ahora el Estado Mexicano resultó ser un simple cuentachiles que tiene como objetivo fomentar la riqueza económica y no las garantías individuales de la sociedad, convirtiendo este pasaje presidencial en uno de los eventos más representativos de cómo los gobernantes mexicanos buscan encubrir sus propias responsabilidades a base de decretos e indemnizaciones, aunque sea mediante maniobras amparadas en los gajes del fútbol, como lo narra esta columna
